La morosidad de la Junta en el pago de, al menos, parte de la deuda que tiene contraída con los proveedores sanitarios está provocando tal declive en las cuentas de estas empresas que se tambalea su viabilidad. Temen tener que terminar por cerrar, proceder a despedir trabajadores u optar por realizar contratos eventuales sin estabilidad laboral. Muchas ya han tenido que recurrir a pagar solamente el 25% de la nómina de sus empleados desde hace unos cuatro o cinco meses, sin contar con que los propietarios o socios ya no hacen caja.
Son fundamentalmente 25 las compañías de Castilla y León dedicadas a este sector que trabajan con todo tipo de material sanitario y aparataje quirúrgico -lo importan, venden o distribuyen- y que están amparadas por la asociación que las agrupa, Provhoscil. Buena parte de la deuda que suman, más de 18 millones de euros, fue contraída por la Junta hace ya dos años. Hay además pendientes de liquidación, al menos, otros 317 millones desde hace quince meses.
Este problema no solamente afecta al proveedor de instrumental, material, mobiliario o aparataje, sino al de alimentos o al de cualquier otro tipo de servicio que se presta a los hospitales y centros de salud; aunque, en el caso de las citadas 25 compañías su único cliente es la sanidad, pública y privada; pero sobre todo la primera. Por ello, el no cobrar las facturas pone en peligro su futuro además de la posibilidad de ampliación a nuevos mercados, desarrollo de proyectos e incremento de plantillas. «Si no cobramos no podemos pagar a nuestros proveedores, importamos y exportamos al extranjero y si la actividad se para, nosotros tampoco podemos dar respuesta a nuestros acreedores», explican fuentes de la citada asociación. Y es que estas empresas de Castilla y León solamente disponen de sesenta días para pagar a sus proveedores, muchos de ellos extranjeros. «Si no liquidamos en plazo podemos conseguir un mes más de tiempo; pero después pierdes la relación comercial y terminas por hundir el negocio», añaden las mismas fuentes.
Sin financiación bancaria
Además, la situación se ha agravado con la crisis y la negativa de las entidades bancarias a conceder créditos. «Ahora Sacyl ya no es ningún aval, de nada sirve mostrar un contrato con la Administración porque ningún banco o caja se arriesga, nos lo dicen claramente; ya no es una garantía porque no se sabe ni cuanto ni cuando van a cobrar», destacan fuentes de Provhoscil.
Hay grandes compañías nacionales a las que la Administración regional también les adeuda importantes cantidades; pero su capacidad de aguante es mucho mayor por el gran rendimiento económico y el amplio mercado al que se dirigen.
Ante esta situación, las consejerías de Hacienda y Sanidad anunciaron a principios del pasado mes de diciembre la habilitación de un crédito de 300 millones de euros para empezar a pagar deuda. Unas partidas que se destinarían al mayor número posible de proveedores sanitarios y antes de que finalizara el año; pero todavía ninguna de las empresas han recibido cantidad alguna de la factura impagada.
La Consejería de Hacienda asegura que ya ha efectuado la tramitación que le corresponde a su departamento. Fuentes de la misma indican que para hacer efectivos los pagos hace falta la incorporación de créditos, algo que «se hizo antes de finalizar el pasado año», y el segundo paso es el de proceder a copiar las facturas. Así, añade, «Sacyl va haciendo peticiones y Hacienda transfiere el capital y es esta Gerencia de Salud quien paga». Añade asimismo la Consejería de Hacienda que, «como Sacyl es un organismo autónomo y con tesorería propia, corresponde al mismo decidir qué facturas y a qué empresas paga primero», establecer prioridades en definitiva; pero, asegura, «en la actualidad ya hay partidas consignadas» para hacer frente a este descubierto.
Sin embargo, la Consejería de Sanidad asegura por su parte no disponer de capital alguno para proceder a saldar deuda y que el problema está en manos de Hacienda.
Con urgencia
Fuentes hospitalarias confirman que, a finales del pasado año, Sanidad exigió a cada complejo hospitalario, y también a Atención Primaria, que facilitara la documentación del débito y que, además, fue una demanda de urgencia para cumplir con las fechas comprometidas.
Otras fuentes consultadas aseguran que Hacienda ha derivado dinero ya a Sanidad para responder a su débito; pero que «ha sido destinado a otros pagos para los que no estaba previsto tal capital y que, por ello, el dinero no ha llegado todavía a estas empresas». El caso es que ninguna de las 25 compañías del sector de esta autonomía ha cobrado deuda alguna ni sus intereses.
Hacienda insiste además en que los 300 millones habilitados con tal destino son el resultado «de la solidaridad de las demás consejerías que han renunciado a parte de su capital para saldar esta obligación» al entender que son servicios fundamentales y que es además un problema que afecta a toda España y del que no se escapa Castilla y León «pese a que cada año crece el presupuesto destinado a Sanidad».
La Junta no concreta la cuantía del débito ni el número de empresas a las que se les debe y el asunto llegó a las Cortes de la mano de la oposición socialista en un pleno parlamentario y, después, el PSOE presentó una pregunta escrita al respecto, en la que reclamaba los detalles como el nombre de la empresa o la cuantía y tipo de suministro, todavía sin respuesta.
Plantillas
Según los datos facilitados por Provhoscil, son 150 las familias de esta comunidad que dependen de la supervivencia de estas empresas. «No hacemos más que oír a nuestros políticos el interés por potenciar la industria y el mercado propio y ahora se olvidan de compañías de esta tierra». «Si tardan, como ya lo hacen, dos años en pagar vamos a tener que cerrar», insisten. «Nosotros pagamos nuestros impuestos aquí, el IVA, cumplimos con nuestras obligaciones laborales y empresariales pero ya no aguantamos más». Y en la desesperación coinciden todos.
Estas empresas suministran todo tipo de material médico y quirúrgico como apósitos, desfibriladores, instrumental, aparatos de diagnóstico, accesorios de electromedicina o mobiliario hospitalario. Además, no solamente son proveedores sino que hacen el mantenimiento, control y seguimiento del aparataje y, al estar ubicadas en esta comunidad, la atención ante una avería en prácticamente inmediata. Una ventaja que apunta el sector frente a la competencia de empresas que tienen que enviar personal desde otra comunidad. Son la mayoría veteranas, suman y superan el cuarto de siglo en su actividad y tienen plantillas consolidadas con personal que, en general, lleva al menos una década en su puesto.
Además de proveer material, «cuando les falla algún aparataje también se les presta mientras se repara para mantener la actividad asistencial», añaden algunos de los afectados.
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